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Régimen de promoción de la economía del conocimiento. Ley N° 27.506

El lunes 10 de junio se publicó en el Boletín Oficial la Ley Nº 27.506 de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (en adelante la “Ley”) a los fines de instaurar un régimen de promoción de aquellas actividades económicas que apliquen tecnología a la obtención de bienes, prestación de servicios y mejora de procesos. 


A través de la Ley, se busca otorgar un tratamiento favorable para aquellos contribuyentes que desarrollen actividades relacionadas con software y servicios informáticos y digitales; servicios profesionales (solo si son para exportación); fabricación, mantenimiento e introducción de bienes, entre otros. 

El régimen de promoción tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029.

Tratamiento impositivo dispuesto por la Ley Nº 27.506

En primer lugar, La Ley dispone la estabilidad fiscal para aquellas personas jurídicas que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la misma. La estabilidad fiscal, implica que los beneficiarios no verán incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento de su solicitud de adhesión al Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento; alcanzando a todos los tributos nacionales, incluyendo tasas y contribuciones como derechos o aranceles de importación y exportación. 

Además de la estabilidad fiscal, los beneficiarios del régimen tributarán por el impuesto a las ganancias a una alícuota reducida del 15%, la cual será aplicable para períodos fiscales iniciados con posterioridad a la inscripción del beneficiario en el Registro mencionado anteriormente.

Asimismo, la Ley establece una detracción de ARS 17.509,20.-, en el pago de las contribuciones patronales para cada uno de los empleados que se encuentren afectados a las actividades promovidas. Adicionalmente, se establece la posibilidad de los beneficiarios de obtener un bono de crédito fiscal, equivalente a 1.6 veces el monto de las contribuciones patronales abonadas, debiéndose aplicar el mismo al pago de los importes a abonar en concepto de impuesto a las ganancias o impuesto al valor agregado.

Por último, la Ley establece que los beneficiarios no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado.

Requisitos para su aplicación

Las sociedades que pretendan aplicar los beneficios impositivos dispuestos por la Ley, deberán acreditar el cumplimiento de al menos dos de los siguientes requisitos: 

a) La realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios, productos y/o procesos, o mediante una norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios, productos y procesos;

b) La realización (indistinta y/o conjuntamente) de erogaciones en actividades de:

i) Investigación y desarrollo en las actividades de software, servicios informáticos o digitales, o cualquiera de las actividades previstas en el art.2 de la Ley, en un mínimo del 3% de su facturación total; y/o

ii) Capacitación de los empleados afectados a estas mismas actividades en un mínimo del 8% de la masa salarial total.

c) La exportación de bienes y servicios surgidos del desarrollo de las actividades promovidas por esta ley, por un mínimo de 13% de su facturación total en dichas actividades. Si se tratase de servicios profesionales exclusivamente, deberá ser por el 70% de la facturación total.

Control e infracciones. Sanciones.

Los beneficiarios abonarán una tasa del 4% calculado sobre los montos de los beneficios fiscales obtenidos para solventar las tareas de inspección, verificación y control realizados por las autoridades de aplicación. 

En caso de detectarse algún incumplimiento, la autoridad de aplicación se encuentra facultada para (i) disponer la suspensión del goce de beneficios por un plazo de 3 meses a 1 año; (ii) decretar la baja del Régimen; (iii) revocar la inscripción como beneficiario; (iv) imposición de multas de hasta el 100% del beneficio aprovechado en incumplimiento de la normativa aplicable. 

Aún resta definir el régimen informativo al cual serán sometidos los beneficiarios, el cual será establecido mediante la reglamentación de la ley.


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