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RESUMEN FALLO - INSTITUTO PATRIA PENSAMIENTO ACCIÓN Y TRABAJO PARA LA INCLUSIÓN AMERICANA ASOCIACIÓN CIVIL C/ I.G.J. S/ RECURSO DIRECTO A CÁMARA.

La Inspección General de Justicia dictó una resolución que obligaba a una asociación civil a la presentación de copias del Libro de Registros de Asociados, las cuales incluían la orientación política de éstos últimos. La Asociación alegó la imposibilidad de presentar dicha información por considerar que los datos requeridos configuraban datos sensibles – en  los términos del art. 2 de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales – y que por ende, la divulgación exige el consentimiento previo de los asociados. Por este motivo, la cuestión se elevó a la Sala L de la Cámara Civil a fin de que resuelva si el Instituto Patria se hallaba amparado de la normativa citada. 


La Cámara sostuvo que el fundamento central de la prohibición de la recolección de datos sensibles es el potencial discriminatorio que entrañaría su divulgación fuera del ámbito de la intimidad. Al mismo tiempo, estableció que este tipo de datos pertenece a una categoría única que atiende esencialmente al derecho a la privacidad personal. Por ende, no pueden ser divulgados con la excepción de que medien razones de interés general. También se estableció que los datos pueden ser cedidos cuando existe consentimiento del titular y la cesión es en interés legítimo de cedente y cesionario. En caso contrario, la responsabilidad implicará a estos últimos.
 
La sentencia manifestó que la Asociación tiene una clara identificación política que no puede ser desconocida. De este modo, estableció que la exigencia de la I.G.J. se encuentra limitada por la ley 25.326 ya que “aún cuando un dato pueda ser considerado neutro, como podrían ser los datos nominativos de la lista de asociados [...], al ser utilizados se convierten en un elemento provocador de la intimidad o privacidad de la persona”. La Cámara agregó que el cumplimiento de la manda impuesta por la I.G.J. lesionaría derechos constitucionales como el derecho a la intimidad y la privacidad, a la no discriminación, a la libertad de conciencia y el derecho de asociarse libremente con fines ideológicos (arts. 14, 16 y 19 de la Constitución Nacional). Por este motivo, la Cámara hizo lugar a los agravios planteados y revocó la resolución impugnada, por concluir que se había demostrado una arbitrariedad en el obrar administrativo y que la divulgación de la identificación de los asociados verificaría un grave y evidente perjuicio a aquellos. 


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