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Anteproyecto de Resolución OTT

VISTO la Ley Argentina Digital N° 27.078, los Decretos N° 764 del 3 de septiembre de 2000, N° 267 del 29 de diciembre de 2015 y Nº 1340 del 30 de diciembre de 2016, y

CONSIDERANDO

Que el avance tecnológico ha permitido la implementación de numerosos servicios y el acceso de los consumidores a los mismos en el marco del desarrollo y la expansión de las redes con protocolo IP y la masificación del acceso fijo y móvil a la red Internet por parte de amplios sectores de la población.


Que el despliegue de redes de banda ancha fija y móvil y la creciente capacidad de tráfico de las mismas ha potenciado la aparición y el crecimiento de servicios a los consumidores a través de la red Internet, los que plantean en algunos casos retos de consideración a los tradicionales servicios de TIC.

Que en especial, las redes de comunicaciones móviles, como plataformas de acceso a la red Internet, han tenido un importante impacto no sólo en el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones prestados a través de Internet, sino también y particularmente en los hábitos de consumo de servicios por parte de los consumidores.

Que estos nuevos servicios y aplicaciones en Internet, de puesta a disposición de contenidos, entre los que cabe incluir a los de suscripción de música e imágenes por “streaming”, a los video-juegos “online”, a los buscadores, a los repositorios de contenidos, acceso a audio e imágenes por “torrenting” tanto en modalidad cliente servidor como en procesamiento distribuido, a las redes sociales, a las plataformas de comercio electrónico, a la provisión de programas y contenidos audiovisuales y, en definitiva, a las aplicaciones y contenidos de todo tipo, pueden ser englobados bajo el concepto genérico de OTT (por sus siglas en inglés “Over The Top”).

Que conforme al modelo OSI, o de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), estos servicios y aplicaciones en Internet se desarrollan y funcionan en las capas 5, 6 y 7 de la red.

Que la multiplicidad de servicios, aplicaciones y contenidos accesibles en red y desde cualquier dispositivo inteligente conectado a la red Internet, ha estimulado y modificado la diversidad de las formas de consumo y ha abierto la puerta a nuevas actividades de los prestadores tradicionales de servicios de TIC y especialmente a nuevos actores del ecosistema de Internet.
 
Que estos servicios OTT son, así, aquellos servicios de video, audio, voz o datos que se ofrecen en Internet fijo o móvil, sin mediar control alguno ni gestión específica por parte de los operadores de red, tales como los juegos “online”, las redes sociales, los contenidos audiovisuales, las distintas aplicaciones y gran parte del comercio electrónico (“Caracterización del Uso de Algunos Servicios Over the Top en España. Informe sobre “Comunicaciones Electrónicas y Servicios Audiovisuales”, DTRAB/DP/0004/14, Diciembre 2014, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España).

Que el concepto de OTT no se refiere a un tipo de servicio en particular, sino a un modo de prestación o de provisión del mismo, en este caso a través de las redes con protocolo IP (“Report on OTT Services”, Bor (16) 35, Enero 2016, Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC). 

Que son los servicios OTT los que están transformando los usos y costumbres de la sociedad, generando nuevos modelos de ingresos y consumo en diversos mercados, como el crecimiento del comercio electrónico, la publicidad “on line”, así como la provisión de contenidos audiovisuales y otros servicios de voz y mensajería de datos y video. 

Que los servicios OTT consisten exclusivamente en la provisión de contenidos de cualquier tipo que son transportados o distribuidos al cliente final a través de la red por un prestador de acceso a la red Internet, fijo o móvil.

Que la digitalización, tanto de los contenidos como de los sistemas de transmisión y difusión, ha multiplicado, diversificado y fragmentado la oferta de contenidos de todo tipo y el acceso a la misma, generando un nuevo entorno de consumo que favorece, en el marco de la convergencia de redes y servicios, al consumidor. 

Que resulta necesario promover redes y servicios de comunicaciones eficientes y de calidad, que permitan a su vez explotar todo el potencial de la economía digital y de los nuevos servicios, aplicaciones y contenidos de todo tipo en beneficio del consumidor. 

Que, en consecuencia, corresponde precisar que la prestación de estos servicios OTT, en tanto se limite a la puesta a disposición del usuario de cualquier tipo de contenidos y no a su transporte y distribución a través de la red, no requieren de licencia habilitante de ningún tipo, conforme lo establece la Ley 27078 y sus normas complementarias y modificatorias. 

Que una de las reglas básicas de nuestro sistema constitucional es el “principio de libertad”, establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que al señalar que “ningún habitante de la Nación está obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe”, consagra un ámbito de libertad privada que, como regla, se halla exento de la intromisión estatal, en el sentido que el Estado no puede impedir a los particulares que lleven a cabo algún acto que no está prohibido o impedido por una norma legal o exigirle alguna acción, trámite o certificación que no esté expresamente requerida por una ley en sentido formal. 

Que así, como consecuencia de este principio y en garantía de los derechos de propiedad y de trabajar y ejercer industria lícita, se requiere que cualquier medida que pueda limitar derechos individuales por parte de la Administración, cuente con un respaldo legal inexcusable para fundar su legitimidad, señalándose que, en virtud de lo establecido en los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional, la facultad del Estado de limitar el ejercicio de la libertad individual (conocida como “poder de policía”) debe surgir de una ley formal (conf. LINARES, Juan Francisco, “Derecho Administrativo”, Astrea, Buenos Aires, 1986, páginas 421 y siguientes; DROMI, José R., “Derecho Administrativo Económico”, Tomo 2, Astrea, Buenos Aires, 1979, página 289; CASSAGNE, Juan Carlos, “Derecho Administrativo”, Tomo II, Abeledo-Perrot, Sexta Edición Actualizada, Buenos Aires, 1998, página 473).

Que conforme al postulado contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, verdadero principio rector de la actividad estatal limitativa de derechos particulares, tampoco cabe extender una restricción expresamente dispuesta por la norma legal para un determinado tipo de servicio OTT.

Que, como hemos dicho, los servicios OTT se configuran como la puesta a disposición del consumidor de contenidos de todo tipo que pueden ser brindados libremente por cualquier interesado, incluso por prestadores de servicios de TIC y no requieren para su prestación de la obtención de una licencia o registro alguno.

Que, asimismo, los prestadores de servicios de TIC que a su vez brinden servicios OTT, deben garantizar condiciones no discriminatorias e igualitarias en la calidad de acceso a sus redes a los consumidores y a otros prestadores de servicios OTT.

Que debe garantizarse la neutralidad de red en la relación entre los prestadores de servicios OTT y los prestadores de servicios de TIC que operan las redes, de conformidad con lo establecido por la Ley Argentina Digital y el Decreto 1340/2016, ya que la calidad de los contenidos de todo tipo de las ofertas de los servicios OTT dependen de la calidad y capacidad de la red de acceso a Internet que provee el prestador de servicios de TIC. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE COMUNICACIONES ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 23 decies de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: La puesta a disposición, bajo cualquier modalidad, de contenidos de audio, video, voz, imágenes fijas o en movimiento y datos en general, a través de internet fijo o móvil u otras redes de telecomunicaciones con protocolo IP, que no incluya su transporte y distribución al cliente, no requiere de licencia, autorización, permiso o registro para el desarrollo de la actividad, sin perjuicio de los artículos 56 y 57 de la Ley Nº 27.078, el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes y las mejores prácticas internacionales. 

ARTÍCULO 2°: Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese.


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