Insurance and Reinsurance

Nuevas modificaciones en grandes riesgos

Resolución 35.648 de la Superintendencia de Seguros.

Luego del dictado de la resolución 35.496, y tras las diversas observaciones y pedidos de aclaraciones formulados por las aseguradoras y asociaciones que las nuclean, el 3 de marzo pasado, la Superintendencia de Seguros de la Nación dictó la resolución 35.648 (en adelante “La Resolución”), derogando la anterior, y reemplazando nuevamente el apartado 26.3 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (ley 20.091), que establece el Régimen de “Grandes Riesgos”.


Algunas de las modificaciones introducidas, contemplan los requerimientos de las aseguradoras; otras, mantienen el lineamiento de la normativa anterior, dejando, a nuestro entender, algunos aspectos sin resolver.


El punto 26.3 estipula que la aplicación del régimen de Grandes Riesgos es “a los efectos de la utilización inmediata de condiciones contractuales sin autorización previa”, aclaración que nos parece constructiva a los efectos de evitar inconvenientes de interpretación de la normativa.


Asimismo, se incrementan notablemente las sumas aseguradas requeridas, de $10.000.000 a $40.000.000, con lo cual se establece un límite en la operatoria, actualizando un monto que muchos consideraban que había perdido vigencia.


Por otro lado, se elimina la referencia a los requisitos que deben cumplimentar las  Entidades habilitadas a fin de participar de la operatoria, por lo que ya no existiría la restricción del patrimonio neto de $20.000.000 para las aseguradoras.


En cuanto a los “Requisitos previos a la emisión de la póliza”, la anterior norma estipulaba y la presente mantiene, que las aseguradoras deberán presentar conformidad del asegurable de todas las condiciones integrantes del contrato y “…En los casos que el asegurable sea una persona jurídica la conformidad deberá estar suscripta por el representante legal de la misma”.


Este es un punto que a nuestro entender, continuará generando gran repercusión en las aseguradoras que operan en Grandes Riesgos, dado que se ha hecho caso omiso a las presentaciones requiriendo una modificación al respecto. En la práctica, quien usualmente suscribía la conformidad era un apoderado con facultades suficientes. Insistimos en que no existiría óbice alguno para que se continúe operando de dicha manera, dado que en innumerables situaciones resultaría complejo obtener la firma del representante legal, de manera inmediata. Reiteramos nuestra postura en el sentido de que la Resolución debería contemplar dicha circunstancia, a fin de agilizar el procedimiento y adaptarlo a la realidad burocrática en la que hoy vivimos.


Sumado a ello, la Resolución estipula otros requisitos “previos”, los cuales serían difíciles de satisfacer antes de la emisión, imposibilitando prácticamente el cumplimiento de los plazos de pago de primas de reaseguro pactadas en el marco de un contrato de reaseguro facultativo.

Por ello sería fructífero que sólo se exijan estos requisitos previos a la emisión de la póliza en casos de reaseguros “automáticos”, y que se consideren estos requisitos como posteriores a la emisión de la póliza, para el reaseguro facultativo.  Insistimos en este punto.


La norma anterior establecía que las aseguradoras deberán presentar “Texto de las condiciones contractuales, inicialado en cada una de sus hojas por el letrado que emitió el informe sobre las mismas y por el presidente de la aseguradora”. 


La exigencia de la firma del presidente en todas las hojas (y en la declaración jurada presentada como Anexo I) es un requisito que con anterioridad a la resolución 35.496 no se contemplaba.


En muchas oportunidades resulta imposible contar con la misma de manera inmediata. Por ello, y apelando a motivos de celeridad y de realidad burocrática de una aseguradora, oportunamente manifestamos que una opción sería reemplazarla por la firma facsimilar, en los términos del artículo 7.9 de la ley 20.091 (reglamentado mediante resolución 21.523), o bien por la firma de un empleado jerárquico o del apoderado de la aseguradora.


La Superintendencia ha contemplado dicha posibilidad, incorporando la opción de la firma del “representante legal designado”. Si bien la mención configura un avance, lo cierto es que consideramos que sería necesaria una aclaración al respecto, en el sentido de que dicha función podría ser cumplimentada por un empleado jerárquico con facultades suficientes o por el apoderado, todo ello a fin de evitar inconvenientes en la operatoria.


En cuanto al Coaseguro, el dictado de la norma anterior nos ha generado ciertas inquietudes respecto de si los requisitos para la emisión de las pólizas son exigidos a las aseguradoras pilotos y/o también a las seguidoras. Consideramos necesaria una aclaración por parte del organismo.


Pago simultáneo. La norma anterior estipulaba el pago simultáneo de manera obligatoria. Entonces, expusimos nuestra postura, en el sentido de que dicha cláusula debería incorporarse a la póliza de forma optativa, otorgando a las aseguradoras la facultad de determinar la conveniencia de su inserción, de acuerdo con las particularidades de cada caso. Definitivamente, el Organismo ha eliminado dicho inciso, con lo cual ya no existiría la obligación de pago simultáneo, modificación que consideramos acertada, máxime si tomamos en cuenta que dicha cláusula es considerada por ciertas vertientes como abusiva, al operar, en ciertos casos, en detrimento de los derechos del asegurado.


En suma, la presente Resolución ha hecho lugar a ciertos requerimientos de las aseguradoras, sin perjuicio de lo cual, continúan existiendo aspectos sin resolver, los cuales deberían ser clarificados para optimizar, cada día más, la operatoria en Grandes Riesgos, que tan amplio desarrollo ha alcanzado en estos últimos tiempos. 


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