Insurance and Reinsurance

Grandes Riesgos: modificaciones introducidas por la Resolución N° 35496.

El 10 de Diciembre pasado, la Superintendencia de Seguros de la Nación dictó la Resolución N° 35496, la cual reemplaza el apartado 26.3 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (Reglamento de la Ley 20.091), que establece el Régimen de “Grandes Riesgos”, incorporando requisitos que, a nuestro entender, complejizarán el procedimiento.


La norma establece los “Requisitos previos a la emisión de la póliza” y estipula, entre otros, que las aseguradoras deberán presentar conformidad del asegurable de todas las condiciones integrantes del contrato (requisito ya existente con anterioridad), agregando que “…En los casos que el asegurable sea una persona jurídica la conformidad deberá estar suscripta por el representante legal de la misma”.

En la práctica, quien suscribía la conformidad era un apoderado con facultades suficientes. Entendemos que no existiría óbice alguno para que se continúe operando de dicha manera, dado que en innumerables situaciones resultaría materialmente imposible – al menos burocrático- obtener la firma del representante legal -generalmente el Presidente- en forma inmediata. La Resolución debería contemplar dicha circunstancia.

Asimismo, satisfacer dichos requisitos antes de la emisión, complicará y prácticamente imposibilitará cumplir con los plazos de pago de primas de reaseguro pactadas en el marco de un contrato de reaseguro facultativo.

Ello es así dado que es usual en el mercado asegurador que la gestión de pago de las primas de reaseguro para contrataciones facultativas se empiece a instrumentar una vez emitida la póliza. Para que ésta se pueda emitir, en el marco de la Resolución, sería necesario obtener las conformidades y documentos allí indicados. La realidad revela que los asegurados, antes de prestar conformidad con los términos de la pro forma de la póliza, deben revisarlos con sus asesores, demorando no menos de 20/25 días.

Considerando que: a) el plazo para ceder la prima de reaseguro, en negocios facultativos, se pacta en 60/90 días; b) ese plazo comienza a correr para el asegurador desde que se confirma el negocio y para el reasegurador desde que se perfecciona el mismo independientemente de que se haya emitido o no la póliza; y c) obtener la documentación exigida demora un tiempo considerable ya que depende de terceros -clientes a quienes no se puede presionar comercialmente-, será improbable cumplir con la cesión de primas de reaseguros en el tiempo pactado con el reasegurador, lo que puede traer serias consecuencias.

Por ello sería fructífero que sólo se exijan estos requisitos previos a la emisión de la póliza en casos de reaseguros “automáticos”, y que se consideren estos requisitos como posteriores a la emisión de la póliza, para los supuestos de reaseguro facultativo

Asimismo, las aseguradoras deberán presentar “Texto de las condiciones contractuales, inicialado en cada una de sus hojas por el letrado que emitió el informe sobre las mismas y por el presidente de la aseguradora”. 

La exigencia de la firma del presidente en todas las hojas (y en la declaración jurada presentada como Anexo I) es un requisito que anteriormente no se contemplaba.

En muchas oportunidades resulta imposible contar con la misma de manera inmediata, debido a la gran cantidad de compromisos que generalmente deben atender los presidentes de las aseguradoras, incluyendo prolongados viajes al exterior. Por ello, y apelando a motivos de celeridad y de realidad burocrática de una aseguradora, debería reemplazársela por la firma facsimilar, en los términos del artículo 7.9 de la Ley 20.091 (reglamentado mediante Resolución 21.523).

La misma se utiliza usualmente previendo esta clase de contingencias, a fin de evitar que personas con cargos jerárquicos y gran cantidad de obligaciones, se vean en la necesidad de firmar, de su puño y letra, documentos voluminosos.

Una segunda opción la constituiría la firma de un empleado jerárquico o del apoderado de la Aseguradora. Dicha delegación podría instrumentarse mediante un acta de directorio que lo facultara, en forma genérica, a cumplir con la función.

Mención aparte merece el tema de coaseguros. La norma establece como requisito la presentación de un “Informe de un letrado...”, aclarando que “En el caso de existir coaseguro, este requisito sólo debe ser cumplido por la aseguradora piloto”.

En virtud de ello, han surgido ciertos interrogantes cuya posible solución planteamos:

a)      Para textos no aprobados, únicamente se requiere la opinión legal a la aseguradora piloto. Por ello, la conformidad del asegurado debería ser también presentada únicamente a la piloto, habida cuenta que ésta es quien emite la póliza. Si se trata de un texto aprobado a la compañía piloto, al no realizarse la presentación por Grandes Riesgos, no correspondería exigir la conformidad al asegurado respecto de las aseguradoras seguidoras, ya que ni siquiera le es exigida hacia la piloto.

Asimismo, para el caso de que la aseguradora piloto tenga su texto aprobado y no así las seguidoras, no sería necesario que éstas realicen presentación en el marco de la Resolución, ya que ello no es requerido a la piloto y, las seguidoras utilizan el texto aprobado de la misma.

b)      El presidente de la aseguradora seguidora no debería inicialar las condiciones contractuales de la póliza, máxime cuando se trata de un texto aprobado, habida cuenta que ya ha firmado la planilla de coaseguro en compromiso de su compañía y no es quien emite la póliza.

Así, el inciso 3 no se aplicaría estrictamente a las compañías seguidoras, habida cuenta que en dichas circunstancias, no debe presentarse informe legal por parte de las mismas, ni corresponde la firma del presidente de las condiciones contractuales.

Por su parte, la norma estipula el pago simultáneo de manera obligatoria. Consideramos que dicha cláusula debería incorporarse a la póliza de forma optativa, otorgando a las aseguradoras la facultad de determinar si es conveniente su inserción, de acuerdo con las particularidades de cada caso, habida cuenta que ellas mismas son quienes conocen si tal proceder complicará la dinámica con los asegurados al momento del pago de las sumas aseguradas.

En suma, la presente Resolución introduce requisitos respecto de la operatoria de Grandes Riesgos, que a nuestro entender, complejizarán el procedimiento, motivo por el cual sería conveniente una revisión por parte de la Superintendencia, máxime considerando la diversidad de presentaciones que ya han realizado las aseguradoras, cuestionando ciertos aspectos de la normativa.


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