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El derecho del titular de información personal a aclarar un dato controvertido por la vía del hábeas data

1. Plataforma fáctica

Esta breve nota está destinada a comentar un reciente caso de la Corte Suprema(1) sobre hábeas data dictado a unes del año pasado. El fallo aporta mucho a la definición constitucional de la garantía de hábeas data y sigue la línea expansiva de otros precedentes de esta Corte en la materia.


El actor inició una acción de hábeas data contra una entidad financiera, una empresa de informes comerciales y el Banco Central de la República Argentina, con el fin de que se agregue a las bases de datos en las que figura como deudor del banco con la calificación: “cliente con riesgo potencial” cierta información referida a la existencia de sendas denuncias, una administrativa y otra criminal, promovidas contra la primera institución y otra empresa. El actor negó ser deudor del banco pues los acuerdos que tenía con la entidad financiera nunca se materializaron(2).

II. Las decisiones de primera y segunda instancia

En primera instancia se hizo lugar al reclamo con apoyo en que la versión de los hechos provista por el actor “no era antojadiza, a la luz del informe técnico emitido por el BCRA ... a propósito del cumplimiento regular de las obligaciones contraídas por el actor con otras entidades financieras y de las constancias de las actuaciones criminales en trámite”. Dicha decisión se basó en los arts. 4, 16 y 33 de la ley 25.326 (Adla, LX-E, 5426) y el antecedente de Fallos: 322:263. El fallo condenó a las reclamadas a incorporar a sus bases de datos determinada información de naturaleza administrativa y judicial.

Apelada la sentencia, el Fiscal de Cámara propuso confirmar la decisión. Para ello dictaminó que: a) la complementación de datos personales existentes en bases o registros es una de las finalidades posibles de la acción de hábeas data, b) la inexactitud a que se refiere el art. 33, inciso 1°, ap. b), de la ley 25.326, puede resultar, como en el caso, no necesariamente de información falsa o errónea, sino incompleta, c) el pretensor formuló una denuncia penal constituyéndose como particular damnificado que, lejos de ser desestimada, es objeto de investigación penal preparatoria y en la que resultaron imputados por estafa funcionarios de la entidad financiera, imputación por otra parte sobre cuyo mérito se expidió favorablemente la Cámara respectiva, d) el actor operó con numerosas entidades de crédito, siendo calificado por todas ellas en forma “normal”, e) otra empresa denuncia ante el Banco Central la misma operatoria reprochada por el actor al banco, al tiempo que impugna su condición de deudora de la institución bancaria, f) el informe técnico producido por un inspector del Banco Central, a instancias del actor y otra firma, permite inferir que la operatoria crediticia de la entidad financiera ha sido, cuanto menos, negligente, y, g) la información proporcionada por la entidad bancaria se encuentra controvertida y, por ende, omitir una parte de ella equivale a suministrar información inexacta, vulnerando el valor verdad, que es objeto de tutela de la acción de hábeas data.

La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó la sentencia. Sostuvo que no concurría ninguno de los supuestos que a su juicio condicionan la procedencia de la acción de hábeas data, a saber: falsedad, inexactitud o desactualización de los datos. Añadió que el pretensor, so pretexto de actualizar la información, persigue el agregado de otra comercial referida a terceros, supuesto que tropieza con la preceptiva que limita el objeto de la acción a datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, y con la que veda revelar datos tocantes a terceros aun vinculados con el interesado (arts. 15, inc. 2°, 26 y 33, inciso b, ley 25.326). Finaliza señalando que la información cuyo agregado se controvierte no ha sido debidamente dilucidada en otro litigio, y además que no guarda relación con la que obligatoriamente deben registrar las entidades bancarias, financieras y crediticias con arreglo a la reglamentación pertinente del BCRA.

La decisión fue apelada a la Corte Suprema, que revocó el fallo.

III. El fallo de la Corte Suprema

La mayoría, luego de señalar la existencia de cuestión federal, recuerda lo decidido en el caso “Martínez” -Fallos 328:797- (consid. 3) y aclara que en este caso no se decidirá si la actora es deudora de la demandada. Agrega que existe una situación controvertida en virtud de denuncias penales y administrativas formuladas por la actora (consid. 5). De allí, el Alto Tribunal señala que no es exacta o actualizada la información que se limita a indicar sin ninguna aclaración o salvedad que la actora mantiene una deuda con la entidad bancaria y concluye que el actor tiene el derecho a que dicha información se actualice y complete “a fin de que quede reflejado, del modo más preciso posible, el estado de litigiosidad suscitado respecto de los créditos a los que se han hecho referencia” (consid. 6). Hasta aquí la Corte formula interesantes precisiones sobre el concepto de falsedad o actualidad de la información en un banco de datos.

En el considerando 7°, la Corte precisa que la inclusión de la existencia de la querella penal en el registro de la actora se relaciona “con datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito” (art. 26, ap. 1, ley 25.326). La razón de ello, explica el Alto Tribunal, es que estos datos se relacionan con su carácter de deudora que le atribuye la entidad bancaria. Es decir, en palabras textuales del Tribunal “se trata de datos relevantes para los fines previstos por la ley que reglamenta la acción de hábeas data”. También descarta la aplicación de la hipótesis (excepción) prevista en el art. 15, ap. 2 de la ley 25.326 que veda revelar datos de terceros en un informe comercial: para aventar todo riesgo, señala la Corte, alcanza con revelar la existencia del juicio penal sin mencionar quiénes son sus imputados (consid. 8).

Finalmente el Alto Tribunal también critica el desacierto de la cámara en cuanto afirmó que la actora no puede por este medio “introducir datos relativos a su situación frente al Bank Boston que no ha sido dilucidada debidamente en otro proceso y no tiene ninguna relación con los datos que el banco debe registrar”. En lo que, a nuestro juicio, importa un cambio radical en la jurisprudencia sobre hábeas data, la Corte señala que “el dato incompleto o inexacto que ha dado lugar a estas actuaciones ha sido proporcionado por tal entidad bancaria y se refiere a una supuesta deuda originada en una operación crediticia que ha sido cuestionada por la actora. Es verdad, como ya se señaló, que no corresponde dilucidar en estas actuaciones si ella reviste, efectivamente, la calidad de deudora o si se perpetró una estafa en su perjuicio. Pero es evidente que la ampliación en los datos referentes a la actora para reflejar el estado de litigiosidad del crédito necesariamente deben hacer referencia a su situación con ese banco, en la medida en que éste es el supuesto acreedor y ha sido su relación comercial con la actora la que dio lugar al registro de la información”.

Por todo lo expuesto la Corte declara procedente el recurso extraordinario y revoca la sentencia apelada mandando dictar un nuevo fallo (en concreto manda que los jueces de la causa dispongan lo que juzguen pertinente a fin de completar o precisar la información referente a la actora).

En un voto concurrente el doctor Lorenzetti sigue lineamientos similares aunque termina proponiendo que la Corte dicte el fallo sobre el fondo del asunto en ejercicio de la facultad que le confiere el art. 16 segunda parte de la ley 48 (Adla, 1852-1880, 364).

Su primer considerando encuadra la cuestión (issue) a decidir, muy al estilo de las introducciones que encontramos en los fallos de la Corte norteamericana. Concretamente se señala que la Corte está convocada para decidir si los datos que se registran sobre las deudas que tiene una persona deben incluir el carácter litigioso de las mismas. Además, en el considerando tercero se relatan los elementos del caso a los fines de “delimitar la presente decisión y sus alcances respecto de otros precedentes”.

En cuanto al caso concreto, el voto del doctor Lorenzetti, luego de concordar con la mayoría en sus considerandos 3 a 9, formula las siguientes conclusiones:

-       El bien jurídico protegido es la privacidad en el sentido amplio (art. 19 CN); se busca la protección de la persona, la que se encuentra en un estado de vulnerabilidad cuando los datos que le pertenecen circulan sin control;

-       Quienes tienen derecho a registrar estos datos y ejercer una industria lícita con ellos, tienen el deber de ser particularmente cuidadosos acerca de la identidad estática y dinámica de sus titulares:

-       En materia de derechos fundamentales, la interpretación de la ley debe estar guiada por la finalidad de lograr la tutela efectiva;

-       Se recuerda que mayor información significa mayor transparencia y menos conflictos, con lo cual no se advierte por qué razón existe una negativa a aclarar el dato siendo que a un costo bajo y razonable se aclararían conflictos para terceros.

-       Finalmente el considerando 6 explica que “el hábeas data es una especie de tutela preventiva que tiene el propósito de detener o postergar una acción previsiblemente lesiva de una garantía, confiriéndole autonomía típica a un proceso de carácter urgente”.

-       El voto dispone que la entidad financiera y la empresa de informes comerciales incorporen en sus bases de datos la información derivada del informe del BCRA y la existencia de la causa penal respecto de los créditos prendarios cuyo incumplimiento se atribuye a la actora.

IV. Comentario

  1. Recurso extraordinario. Tanto el dictamen del Procurador General (punto IV) como la Corte (consid. 2 de la mayoría y del voto concurrente del ministro Lorenzetti) vuelven a insistir en la naturaleza federal de la ley 25.326, tal como la Corte lo señaló en “Martínez” (Fallos 328:797). Lo mismo hizo la cámara apelada, que concedió el recurso extraordinario en lo referente a la interpretación de la ley de protección de datos personales.

La naturaleza federal de esta norma viene dada porque es la reglamentación de una norma constitucional (art. 43, tercer párrafo, CN). Queda, sin embargo, abierto el interrogante sobre el alcance de esta federalización: por ej., ¿se extiende ésta a las normas de naturaleza procesal contenidas en la norma federal? Si bien las normas adjetivas dentro de una ley federal no suelen tener tal carácter, el artículo de la norma fundamental reglamentado es una acción constitucional, por ende, la verdadera reglamentación del art. 43 la encontramos más bien en la segunda parte de la ley 25.326 (la procesal) que en la primera (los derechos de los titulares sobre sus bases de datos). Pero en el fondo ambas se confunden porque una es un mecanismo para la tutela efectiva de los derechos amparados y su interpretación errónea justamente frustra el derecho tutelado (como podría suceder con el hábeas corpus y la libertad corporal). Habrá que esperar que la Corte se pronuncie sobre este aspecto con más detalle, pero, en este caso tenemos un indicio: la corte implícitamente revocó la interpretación que la cámara hizo del art. 33 de la ley 25.326. La interpretación era muy limitada pues sólo mencionaba “falsedad, inexactitud o desactualización de los datos” cuando a renglón seguido y en el mismo inciso la norma hace alusión a cualquier infracción a la ley de datos personales.

  1. Morigeración de recaudos. La Corte también morigera los recaudos de fundamentación del recurso. Nuevamente el Procurador en el punto IV y la mayoría de la Corte en el considerando segundo hacen alusión a que la “escueta fundamentación del recurso no impide apreciar la sustancia de los agravios”, agregando el voto del doctor Lorenzetti alusiones a la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Es la primera vez que la Corte da este enfoque a la garantía del hábeas data bajo la vigencia de la ley 25.326, aunque antes de la reglamentación cabe señalar que la había interpretado también en forma amplia en el caso “Urteaga”.
  2. Los datos falsos y los datos controvertidos. Tanto el caso “Martínez” (LA LEY, 2005-B, 743) como ahora el caso “Di Nunzio” parecen crear una categoría intermedia entre el dato falso y el dato verdadero que es el dato controvertido o “cuestionado judicialmente”. Tal como señaló el Fiscal de Cámara en este caso “la información proporcionada por la entidad bancaria se encuentra controvertida y. por ende, omitir una parte de ella equivale a suministrar información inexacta, vulnerando el valor verdad, que es objeto de tutela de la acción de hábeas data”.

En el caso “Martínez c. Veraz”(3) la actora había iniciado una acción de pago por consignación y en el proceso de hábeas data cuestionaba la pertinencia del dato. La Corte entendió que el dato que la señalaba como deudora irrecuperable pero atestaba la existencia de estas acciones no era correcto y por eso ordenó su modificación. Ahora en “Di Nunzio” existía una querella penal contra el banco y también actuaciones administrativas. El objeto de los hábeas data, en ambos casos, era distinto. En el primer caso se buscaba borrar el dato, en cambio en el segundo se buscaba asentar en el registro cuestionado la existencia de otras actuaciones (la querella penal y otras acciones relacionadas con la presunta deuda). Pero en ambos casos la Corte falla a favor del titular del dato porque de alguna manera el dato en cuestión estaba controvertido por alguna actuación judicial. En el fondo ambos casos parecen crear un principio in dubio pro registrado, pues ante la alternativa entre borrar o no el dato, se opta en un caso por borrarlo y en otro por incluir la versión del actor registrado.

Esta opción es elogiable porque constituye un balance entre ambos intereses, el del responsable del tratamiento y el del titular de los datos, y este balance está claramente destinado a mejorar la información. Con anterioridad, la jurisprudencia de los tribunales solía someter al interesado a una larga espera: la de la resolución final de todo el conflicto de fondo, que como se sabe, puede llegar a durar años. En la práctica el proceso de hábeas data se rechazaba si había algo en discusión sobre el fondo del asunto. Mientras tanto el titular seguía siendo informado con una sola versión de los hechos (la del responsable del tratamiento), hasta que tal vez podía obtener un juicio favorable que confirmaba la sospecha que no era deudor(4). Resaltamos entonces la tutela preventiva a la que hace alusión el voto del ministro Lorenzetti.

Cabe preguntarse, además, qué se entenderá en futuros casos por “dato controvertido”. Por ejemplo, ¿resultará necesario que el dato esté siendo atacado judicialmente o alcanzará con una denuncia administrativa (por ejemplo, ante la Dirección Nacional de Protección de datos personales)? El grado de evolución de esa controversia, naturalmente, hará a la verosimilitud de su derecho.

  1. Derecho a aclarar el dato personal controvertido. Bajo la ley de protección de datos personales, el titular de los datos tiene derecho a modificar la información almacenada en un banco de datos cuando ésta es falsa, caduca o cuando le causa algún perjuicio.

Pero aclarar no es lo mismo que corregir o borrar. Aclarar es simplemente atestar otra versión de los hechos, de modo que al complementar el dato la comprensión que produce la consulta de la base de datos sea más completa, ya que no sólo contendrá la información ingresada por el responsable del tratamiento sino también por el titular del dato. No necesariamente debe equipararse con actualizar, ya que este último presupone una decisión sobre el fondo y definitiva, es decir, una condena a modificar el dato. En este caso, al aclarar el registro, simplemente se añade algún dato adicional de la realidad. Pero bien podría suceder que los desarrollos ulteriores lleven a modificar esa aclaración, ya sea a favor del registrado o del responsable de la base de datos.

Otra pregunta que surge es cómo se puede aclarar el dato. Las opciones son variadas. Puede ir desde incluir una breve oración a favor titular del dato hasta incluir el informe completo como proponía el voto del doctor Lorenzetti. Esto último puede resultar algo complejo, por cierto, en el acotado universo de información que existe dentro del campo lógico de una base de datos. Es más, en algunos casos hasta podría ser de cumplimiento imposible en forma inmediata, sin tener que modificar el software o la estructura de la base de datos. A los fines de evitar estos problemas algunas normas del derecho comparado limitan numéricamente la cantidad de palabras que pueden incluirse en una aclaración.

Así, la Fair Credit Reporting Act estadounidense permite al consumidor que se encuentra en una disputa con una empresa de informes comerciales solicitarle el borrado del dato en caso de que sea falso. Si en el caso no puede convencer al titular del registro que el dato es falso, antes de iniciar un litigio, el consumidor puede presentar al credit boreau una declaración que ésta deberá incluir en el historial crediticio del consumidor(5). La ley establece que en los informes comerciales que se emitan con posterioridad el bureau de crédito deberá señalar que el ítem en cuestión está en disputa y debe acompañarlo o bien de la declaración del consumidor o un claro resumen de la disputa(6).

Este caso es claro entonces en cuanto al derecho del titular del dato de solicitar el añadido de una especie de statement como el que permite la FCRA en Estados Unidos. Nuestra ley nacional no es tan clara como debiera, porque, sin perjuicio de las medidas cautelares genéricas, el art. 38 (párrafos tercero y cuarto) de la ley 25.326 sólo da derecho bloquear el registro o anoticiar en el mismo la existencia del juicio de hábeas data. Incluso, ante un pedido de corrección del dato, según el art. 16, párrafo sexto de la ley 25.326 (a veces ignorado), es obligación del registro consignar que su contenido está sujeto a discusión.

Antes de la vigencia de la ley 25.326 los tribunales ya habían aceptado el bloqueo del registro como solución cautelar a la información inexacta(7). Lo que el consumidor quiso hacer en este juicio tenía una clara naturaleza cautelar, pues no pretendía el borrado final del dato como sucede en la mayoría de los casos sino la aclaración del mismo, lo que la doctrina había calificado como un hábeas data aditivo(8).

Incluso algunos casos habían reconocido e implementado de oficio la facultad del titular de aclarar el dato antes de la aprobación de la ley de protección de datos personales, como sucedió en el caso “Cadaveira c. BCRA”(9).

Por ende, la solución aceptada por la Corte en este caso, se encuentra a mitad de camino entre el bloqueo del registro y la “anotación de litis informativa” y de esa forma entiendo que logra balancear el interés de ambas partes: del titular del dato personal y del responsable del tratamiento. Por un lado se mantiene la información hasta tanto se dilucide la cuestión de fondo, pero por la otra se atesta la “versión” de la actora.

V. Conclusiones

Este fallo se inscribe en la línea de precedentes importantes que la Corte Suprema viene dictando en la materia en los últimos tiempos. Desde el caso “Martínez”, ahora el caso “Di Nunzio c. Bank Boston”, y más recientemente el caso “Veraz c. Estado Nacional”, el Alto Tribunal se ha mostrado decididamente activo en materia de protección de datos personales y parece que seguirá haciéndolo, no sólo porque reconoce materia federal en estos temas sino porque estos derechos de tercera generación forman parte de la lista de categorías preferidas que esta nueva Corte parece alentar.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(1)         CS, 21/11/2006, D. 325. XXXIX, “Di Nunzio c. The First National Bank of Boston y otros s/hábeas data”.

(2)         Un relato más acabado de los hechos puede leerse en el dictamen del Procurador General o en forma más resumida en el fallo de la Corte Suprema.

(3)         Fallos 328:797. LA LEY, 2005-B, 743.

(4)         Es lo que acontece actualmente con los procesos de hábeas data por derecho al olvido, donde se obliga al titular del dato a obtener una sentencia que declare la prescripción previo a poder discutir la caducidad del dato en un hábeas data.

(5)         15 U.S.C. § 1681 i (b) y (c) que dispone en su idioma original: “(b) Statement of dispute. If the reinvestigation does not resolve the dispute, the consumer may file a brief statement setting forth the nature of the dispute. The consumer reporting agency may limit such statements to not more than one hundred words if it provides the consumer with assistance in writing a clear summary of the dispute. (c) Notification of consumer dispute in subsequent consumer reports. Whenever a statement of a dispute is filed, unless there is reasonable grounds to believe that it is frivolous or irrelevant, the consumer reporting agency shall, in any subsequent consumer report containing the information in question, clearly note that it is disputed by the consumer and provide either the consumer’s statement or a clear and accurate codification or summary thereof”.

(6)         Idem ant.; además en el Statement of general policy, elaborado por la FTC, que es el organismo encargado de aplicar la FCRA, aclara que la declaración del consumidor no podrá superar las 100 palabras respecto de cada ítem bajo discusión.

(7)         CNCom., sala B, 09/08/96, “Yusin, Mauricio G. c. Organización Veraz s/sumarísimo s/inc. de apelación”, ED. 173-15 y JA, 1997-I-45.

(8)         PUCINELLI, “Protección de datos de carácter personal”, p. 266.

(9)         CNFed. Civ.Com., sala 2, 22/12/98, ED, 188-599 y Revista Derecho y Nuevas Tecnologías, 1-2, p. 281. En igual sentido, la sala 1 del mismo tribunal: CNFed. Civ.Com., sala 1, 3/4/2003, “Gutiérrez c/BCRA”, LA LEY, 2003-F, 48.

 


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